Julieta Silva fue trasladada nuevamente a prisión tras perder el beneficio de la prisión domiciliaria. A las imputaciones previas por lesiones leves agravadas por el vínculo y privación ilegítima de la libertad, se suma ahora una nueva causa por desobediencia y amenazas, informada este lunes por la Fiscalía de Instrucción N°2 de San Rafael.

Durante la mañana de hoy, Silva fue trasladada desde su vivienda a la sede de Tribunales luego de ser denunciada por incumplir la prohibición de acercamiento que le había sido impuesta en el marco de una causa por violencia de género contra su esposo, Lucas Giménez.

Tras la notificación judicial, fue derivada al cuerpo médico en la sede de Investigaciones para realizar los trámites de rigor, y desde allí fue enviada nuevamente al complejo penitenciario ubicado en avenida Mitre y La Pampa, donde ya había estado detenida por el homicidio culposo agravado por el vínculo en el caso Genaro Fortunato.

Además de la causa en curso, este lunes se sumó una nueva imputación contra Silva por los delitos de desobediencia y amenazas. Esta investigación se inició a raíz de una denuncia radicada el pasado 17 de julio por parte de la ex pareja de Giménez y la hija de este, sobre quienes pesaba una orden judicial de prohibición de contacto.

Silva habría violado esa restricción al mantener comunicación telefónica y realizar amenazas, lo cual fue confirmado durante la instrucción fiscal mediante declaraciones testimoniales. Estos hechos están directamente relacionados con el contexto de violencia que involucra la causa por las agresiones a su pareja.

La Fiscalía determinó que Silva debe continuar detenida bajo prisión preventiva, considerando el riesgo procesal de que pueda influenciar a los denunciantes y por haber incumplido reiteradamente las normas de conducta impuestas. Se fijó una audiencia de acusación para dentro de diez días hábiles, donde se definirá el avance formal de las causas en su contra.

En relación con la hija de dos años que Silva tiene con su actual pareja, la justicia dispuso la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) para activar medidas de protección y contención. Se determinó que la menor quedará provisoriamente a cargo de su abuela materna, a fin de garantizar su integridad física y emocional mientras avanza el proceso judicial.