A través de un reciente decreto oficial, el Gobierno de la Provincia de Mendoza puso fin a un largo conflicto administrativo que involucraba a una reconocida entidad de nuestro departamento. La medida, que lleva la firma del Gobernador, anula de forma definitiva una sanción económica de gran magnitud que había sido impuesta durante el complejo contexto de la pandemia, otorgando un alivio necesario a las finanzas de la organización afectada.

Los detalles de una sanción que quedó sin efecto

La resolución oficial deja sin efecto una multa que ascendía a las 2.778 Unidades Fijas, lo que a valores actuales se traduce en un monto superior a los 1,3 millones de pesos. Esta penalización pesaba sobre el Club de Pescadores San Rafael, tras una serie de actas de constatación realizadas por la Dirección de Relaciones con la Comunidad en el año 2021. En aquel entonces, las restricciones sanitarias por el COVID-19 generaron numerosos operativos de control, y en este caso particular, se acusaba a la institución de haber incumplido normativas vinculadas a la realización de eventos.

Sin embargo, el camino administrativo iniciado por el representante legal del club logró demostrar que la sanción original carecía de fundamentos sólidos. Tras un exhaustivo análisis, la Asesoría de Gobierno determinó que se cometió un error fundamental en la aplicación de la ley. Los inspectores habían basado la multa en la Ley N° 8296, que regula locales de esparcimiento y diversión nocturna, cuando en realidad el club se encuentra habilitado bajo el rubro de camping y recreación.

Un error administrativo clave para la anulación

El dictamen que permitió la anulación de la multa subrayó que no existían pruebas de que el Club de Pescadores hubiera desvirtuado su actividad principal para funcionar como un salón de eventos. Los peritos legales explicaron que, si bien pudieron existir transgresiones de carácter sanitario propias de la época, estas no podían ser juzgadas bajo la ley de eventos y espectáculos. Al aplicar una normativa que no correspondía a la actividad real constatada, la sanción fue declarada inválida por lo que técnicamente se conoce como un "vicio de competencia".

    "No se acredita que se haya desarrollado un evento en los términos de la ley; la presunta transgresión sanitaria no se encuentra bajo el ámbito de la normativa de eventos", sostiene parte del texto legal que el Ejecutivo provincial utilizó para admitir el recurso jerárquico presentado por la entidad sanrafaelina.

Finalmente, con la publicación del decreto en el Boletín Oficial, se dio de baja la Resolución N° 2149/2022. Esta decisión no solo libera al club de la millonaria carga económica, sino que también cierra un episodio de incertidumbre legal. Para la institución, que es uno de los puntos de referencia social y deportiva en el sur mendocino, la noticia representa la posibilidad de destinar esos recursos a mejoras estructurales y servicios para sus socios, dejando atrás un reclamo que se originó en los momentos más críticos de la emergencia sanitaria.