El intendente Omar Félix volvió a cargar contra la Justicia mendocina en medio del conflicto por la autonomía municipal de San Rafael, en un discurso que dejó más presión política que institucionalidad.

Durante su mensaje anual ante el Concejo Deliberante, Félix reclamó que la Junta Electoral proclame a los convencionales municipales elegidos en febrero y apuntó directamente contra el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, insinuando falta de independencia judicial.

"No dé una razón más para que los mendocinos dudemos de la independencia del Poder Judicial", lanzó el jefe comunal, en una frase que muchos interpretaron como un intento de condicionar públicamente a la Corte mientras el máximo tribunal analiza el conflicto de poderes planteado sobre el proceso autonómico.

El problema para Félix es que la autonomía no se frenó por "capricho político", como intenta instalar el felixismo, sino porque existen cuestionamientos jurídicos concretos sobre cómo se llevó adelante el proceso.

La vicegobernadora Hebe Casado y el presidente de Diputados Andrés Lombardi presentaron un conflicto de poderes justamente para evitar que San Rafael avance por encima de las facultades provinciales y sin un marco regulatorio claro para las autonomías municipales.

Lejos de "frenar la voluntad popular", el gobierno provincial hizo lo que correspondía institucionalmente: ordenar un proceso complejo que podría sentar jurisprudencia para toda Mendoza.

Por eso también la Legislatura avanzó con una ley específica para regular las autonomías municipales, buscando reglas claras y seguridad jurídica antes de habilitar reformas institucionales de enorme impacto.

Sin embargo, Félix eligió otro camino: victimizarse políticamente y convertir cualquier control institucional en una supuesta persecución contra San Rafael.

La contradicción es evidente. El mismo espacio político que durante décadas manejó San Rafael con poder prácticamente absoluto ahora habla de "institucionalidad" solo cuando una decisión no le sale como esperaba.

Y más grave aún: mientras reclama respeto republicano, el intendente intenta instalar sospechas sobre la Corte justo cuando el tribunal debe resolver un tema sensible.

Porque una cosa es defender la autonomía municipal. Otra muy distinta es presionar mediáticamente a la Justicia cuando el fallo todavía está en análisis.

El felixismo intenta vender el relato de un pueblo al que "le frenan" sus derechos. Pero la realidad es bastante menos épica: lo que existe hoy es una discusión legal legítima sobre competencias, constitucionalidad y límites institucionales.

Y en democracia, por más votos que tenga un dirigente, las reglas no las define un intendente desde un atril. Las define la Constitución y las interpreta la Justicia.