El Gobierno nacional confirmó una nueva extensión para la operación del Sistema Hidroeléctrico Diamante, delegando la administración en manos de Hidroeléctrica Diamante S.A. (HIDISA) hasta el 15 de diciembre de 2026. La medida, oficializada mediante la Resolución 145/2026 en el Boletín Oficial, busca asegurar la continuidad del servicio mientras se ultiman los detalles para una licitación pública de alcance internacional.

Este esquema de transición no es nuevo para el complejo sanrafaelino. La concesión original, que se otorgó en 1994 por tres décadas, caducó en octubre de 2024. Desde aquel momento, el Estado nacional ha recurrido a prórrogas sucesivas para evitar un vacío en la gestión, mientras avanza en un trabajo conjunto con el Gobierno de Mendoza, plasmado en un acuerdo firmado en marzo de 2025 para relanzar la explotación del río Diamante.

Para que esta prórroga sea efectiva, la empresa tiene un plazo de cinco días para presentar su Carta de Adhesión. Entre las condiciones impuestas, HIDISA deberá mantener una garantía de un millón de dólares, presentar inventarios cuatrimestrales de los bienes y facilitar el acceso a las instalaciones para las inspecciones de los futuros oferentes. Además, la compañía sigue obligada a cumplir con el pago de las regalías correspondientes a la provincia.

La hoja de ruta del Ejecutivo nacional es clara: la concesión actual tiene fecha de vencimiento definitiva en diciembre de 2026 o bien cuando se adjudique el nuevo operador, si el proceso licitatorio concluye antes. En caso de que HIDISA decida no aceptar los términos, la resolución impone una cláusula de salvaguarda que obliga a la firma a garantizar la generación eléctrica por 90 días adicionales para permitir una transición ordenada.

De esta manera, el complejo mantiene su operatividad bajo la supervisión de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, que continuará actuando como veedora del sistema. La postergación de la transferencia de activos al Estado nacional refleja la intención de mantener la estabilidad técnica del aprovechamiento hidroeléctrico hasta que el proceso de licitación internacional encuentre a su nuevo responsable.