Yamil Yunes, único imputado por el femicidio de la docente Rocío Collado, fue trasladado esta mañana a la Fiscalía de Género de San Rafael, donde el fiscal Iván Ábalos le comunicó formalmente una nueva imputación. El acusado se abstuvo de declarar durante la audiencia.

La medida se concretó en el marco del avance de la investigación por la muerte de Collado, ocurrida el 25 de agosto de 2025. Yunes llegó a la Fiscalía fuertemente custodiado y permaneció allí durante la mañana para cumplir con la instancia procesal.

El fiscal Ábalos le atribuyó el delito de homicidio agravado por el vínculo, en razón de la relación de pareja que mantenía con la víctima, y en contexto de violencia de género. Esta calificación contempla una pena de prisión perpetua.

Sin embargo, la modificación de la imputación no implica que se haya cambiado el hecho central que se investiga ni que se trate de una acusación completamente diferente. Se trata de una adecuación procesal que debió realizarse a partir de las pruebas incorporadas durante el avance de la causa.

Inicialmente, Yunes había sido imputado por homicidio agravado. Con el desarrollo de la investigación, tanto la Fiscalía como la querella incorporaron elementos que, según la acusación, permitieron acreditar la existencia de violencia de género en el vínculo entre el imputado y la víctima.

Por ese motivo, fue necesario modificar formalmente el denominado "abocamiento" de la investigación, es decir, el acto mediante el cual el fiscal establece el objeto y los términos bajo los cuales llevará adelante la pesquisa. En el abocamiento original no figuraba expresamente que el homicidio había sido cometido mediando violencia de género.

Una vez realizada esa modificación, correspondía volver a comunicarle formalmente los hechos a Yunes y tomarle nuevamente la imputación, que es lo que ocurrió esta mañana.

En otras palabras, la nueva instancia no representa un cambio sustancial respecto del crimen que se le atribuye ni supone que ahora se investigue un hecho distinto. La modificación responde a una cuestión técnica, procesal y probatoria: incorporar formalmente al expediente el contexto de violencia de género que, de acuerdo con la Fiscalía y la querella, pudo acreditarse durante la investigación.

Tras la lectura de los hechos y de la nueva calificación legal, Yunes hizo uso de su derecho y se abstuvo de declarar.

La medida se produce además luego de que fueran incorporados los resultados de la pericia psiquiátrica practicada al acusado. El estudio determinó que Yunes no presenta una patología psíquica aguda que le impida comprender sus actos y, de acuerdo con sus conclusiones, fue considerado imputable.

Yunes permanece detenido con prisión preventiva. La investigación sostiene que Rocío Collado, de 30 años, murió como consecuencia de una asfixia.

La causa continúa con distintas medidas de prueba, entre ellas peritajes tecnológicos sobre dispositivos secuestrados y estudios psicológicos y biológicos vinculados con elementos incorporados al expediente.

También fueron objeto de análisis la vivienda ubicada en calle Independencia y una camioneta Fiat Fiorino localizada en calle Izuel. Los investigadores reconstruyeron además las circunstancias posteriores al crimen, incluida una denuncia de paradero que quedó descartada luego del hallazgo del cuerpo de la víctima.

Con esta nueva instancia procesal cumplida y la incorporación de la violencia de género en la calificación de los hechos, la causa continúa avanzando hacia las próximas etapas. Una eventual elevación a juicio podría derivar en un juicio por jurados en los tribunales de San Rafael.