La investigación por la presunta utilización de testigos falsos en distintos procesos judiciales de San Rafael sumó un avance importante. El fiscal Javier Giaroli solicitó la elevación a juicio de la causa contra el abogado Andrés Mariani y Aladino Eusebio Carloni, acusados de presunta estafa procesal y falso testimonio. Además, dispuso la extracción de cinco nuevas compulsas para investigar posibles delitos que surgieron durante el avance del expediente.

La acusación sostiene que ambos habrían participado de una maniobra para favorecer a I. A. G en un litigio por la titularidad de un terreno de aproximadamente 6.829 metros cuadrados, ubicado sobre avenida Sarmiento, en el distrito de Las Paredes.

Según la hipótesis fiscal, Mariani y Carloni habrían brindado declaraciones falsas bajo juramento durante una audiencia judicial realizada en septiembre de 2022. Esos testimonios habrían sido utilizados para respaldar la posición de I. A.G y conseguir una resolución que obligara a J. D. B a escriturar el inmueble, pese a que existirían inconsistencias sobre la posesión, documentación y el pago del terreno.

Para la Fiscalía, las declaraciones habrían formado parte de una maniobra destinada a engañar al juez civil y provocar un perjuicio patrimonial. Por estos hechos, ambos fueron acusados de falso testimonio y estafa procesal, en concurso real.

Cinco nuevas líneas de investigación

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución, fechada el 11 de noviembre de 2026, es que el fiscal también dispuso la extracción de cinco compulsas para investigar por separado otros posibles hechos delictivos que surgieron durante el análisis de la causa.

Además, ordenó investigar la posible participación de I. A. G en los mismos delitos, a partir de una declaración que habría realizado bajo juramento ante la Fiscalía.

El origen de la investigación

La causa comenzó a tomar fuerza luego de que los abogados Luis Francisco Castilla y Valeria Vizcaya detectaran que determinadas personas aparecían reiteradamente como testigos en distintos expedientes judiciales en los que intervenía Mariani.

La sospecha apuntaba a la existencia de un grupo de testigos que habrían declarado en diferentes procesos, adaptando sus relatos para favorecer a la parte representada por el abogado.

Con el avance de la investigación, la incorporación de distintas pruebas de cargo y la aportada por la querella a lo largo del proceso investigativo, la Fiscalía considera que existen elementos suficientes para que los hechos sean debatidos en un juicio oral y público.

El pedido de elevación a juicio todavía deberá atravesar las instancias procesales correspondientes y no implica una condena. Mientras tanto, las nuevas compulsas podrían ampliar el alcance de una investigación que sigue generando repercusiones en el ámbito judicial de San Rafael.