Una nueva señal de alarma se enciende sobre la administración municipal que conduce Celso Jaque. Esta vez, el foco no está puesto en anuncios, obras o adquisiciones, sino en algo mucho más elemental: dinero descontado directamente de los salarios de los empleados municipales que debía tener un destino determinado.

Un proyecto de resolución del Honorable Concejo Deliberante de Malargüe solicita al Departamento Ejecutivo un informe completo sobre los descuentos realizados sobre los haberes del personal desde el 1 de enero de 2024 hasta la actualidad, exceptuando jubilación, obra social y seguro.

El planteo tiene un punto especialmente delicado. En sus fundamentos, el propio documento señala que estos descuentos constituyen fondos retenidos por el Municipio con un destino específico, razón por la cual considera imprescindible establecer si efectivamente fueron transferidos a quienes correspondía.

La pregunta que queda planteada para la gestión Jaque es, por lo tanto, sencilla: ¿todo lo que se descontó a los trabajadores fue transferido en tiempo y forma?

Y si la respuesta es afirmativa, el Ejecutivo debería poder demostrarlo sin mayores dificultades.

Tres Provincias, IPV y ART, entre los puntos bajo análisis

El pedido de informes no es genérico. El Concejo solicita información concreta sobre diferentes obligaciones municipales.

Respecto de Tres Provincias, se reclama conocer cuánto dinero fue descontado mensualmente a los agentes, cuánto fue efectivamente transferido, en qué fechas se realizaron las transferencias y cuál es actualmente el estado de las obligaciones. Más aún: se exige informar expresamente si existen importes descontados y no transferidos, detallando montos, períodos, causas y fecha prevista de regularización.

Algo similar ocurre con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). El Ejecutivo deberá informar los montos descontados, las sumas efectivamente transferidas, las fechas de cada pago y la eventual existencia de deudas o saldos pendientes.

También aparece bajo la lupa la situación de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). Se solicita identificar cuál es la aseguradora contratada, cuánto abonó el Municipio, cuándo realizó los pagos y si existen actualmente deudas o pagos pendientes.
La lupa se extiende a todos los códigos de descuento

Pero el requerimiento va todavía más lejos.

El Concejo pretende conocer todos los descuentos realizados sobre los salarios municipales, las entidades destinatarias, cuánto se descontó, cuánto se transfirió y cuál es el estado actual de cada obligación.

Además, reclama el listado completo de códigos de descuento por créditos habilitados desde enero de 2024. Para cada uno deberán identificarse la mutual, cooperativa, sindicato, empresa o institución beneficiaria; el acto administrativo que autorizó el código; la cantidad de empleados involucrados y, nuevamente, una comparación entre el dinero descontado y el efectivamente transferido.

La insistencia no es menor.

El artículo 7 directamente pide al Ejecutivo que informe si existen fondos descontados a los empleados que todavía permanezcan retenidos por la Municipalidad sin haber llegado a sus destinatarios. En caso afirmativo, deberá identificar entidad, monto, período, motivo y cronograma previsto para regularizar la situación.

Jaque deberá mostrar los comprobantes

Para una gestión que pretende sostener un discurso de orden administrativo, el pedido representa un problema político que difícilmente pueda resolverse solamente con explicaciones públicas.

Esta vez se piden papeles.

El proyecto exige copias certificadas de órdenes de pago, comprobantes de transferencias, convenios, resoluciones y demás documentación necesaria para verificar la información que entregue el Ejecutivo.

Y allí estará la cuestión central.

Porque descontarle una suma de dinero a un trabajador genera una obligación concreta: que esos fondos lleguen al destino correspondiente. Si todas las transferencias se realizaron correctamente, la documentación debería permitir despejar rápidamente cualquier sospecha. Si hubo retenciones pendientes, atrasos o diferencias, será la administración de Celso Jaque la que deberá explicar qué ocurrió, por qué ocurrió y durante cuánto tiempo.

El documento todavía no permite afirmar que el Municipio se haya quedado indebidamente con fondos ni establece montos adeudados. Sería incorrecto anticipar esa conclusión. Pero sí deja expuesto algo políticamente incómodo para el Ejecutivo: el Concejo considera necesario preguntarle formalmente dónde terminó el dinero descontado a los trabajadores y exigir documentación para comprobarlo.

En una administración municipal, la transparencia no consiste solamente en informar cuánto se gasta. También implica poder demostrar, peso por peso, qué ocurrió con dinero que nunca perteneció libremente al Municipio porque había sido retenido con un destino determinado.

Ahora la responsabilidad queda del lado de Jaque y de sus funcionarios.

Los números y los comprobantes deberán decir si se trata simplemente de una inquietud que puede ser despejada con documentación o si detrás del pedido de informes aparece otro frente complicado para una gestión municipal que tendrá que rendir cuentas sobre el manejo de fondos descontados directamente del bolsillo de sus trabajadores.