El Gobierno de Mendoza ratificó su postura frente a Petrolera El Trébol S.A. (PETSA) y rechazó el recurso presentado por la firma, que intentaba evadir sus obligaciones exploratorias en el área Loma Cortaderal-Cerro Doña Juana, ubicada en las inmediaciones de la emblemática Reserva Natural Caverna de las Brujas, en Malargüe. La administración provincial desestimó los argumentos de la empresa, que pretendía sustituir la sísmica 3D por estudios de menor alcance técnico bajo el pretexto de impedimentos ambientales.

La controversia se remonta al permiso otorgado en 2018, cuando la compañía se comprometió a realizar tareas de sísmica 3D para evaluar el potencial hidrocarburífero de la zona. Sin embargo, con el paso del tiempo, PETSA argumentó que la proximidad con la reserva malargüina y la supuesta falta de un plan de manejo específico hacían inviable el uso de explosivos, solicitando además una suspensión de plazos y la posibilidad de trasladar sus compromisos a otros bloques de la provincia.

Desde el Ejecutivo fueron tajantes: el decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo sostiene que la empresa no logró probar una imposibilidad objetiva para cumplir con lo pactado. El Gobierno subrayó que la existencia de la reserva era de público conocimiento al momento de la licitación y que la petrolera no avanzó con la diligencia necesaria en los procesos de evaluación de impacto ambiental, a pesar de haber sido intimada en reiteradas ocasiones para cumplir con los pasos legales, incluida la realización de la audiencia pública.

Desde una perspectiva técnica, los informes oficiales fueron contundentes al señalar que la alternativa propuesta por la petrolera -estudios geoquímicos de superficie- no ofrece ni la profundidad ni la calidad de información que requiere el proyecto original. Para las autoridades, acceder a este cambio hubiera significado una alteración sustancial del contrato, beneficiando a la empresa en detrimento de los compromisos de inversión asumidos para el desarrollo energético de Malargüe.

Con esta resolución, que agota la vía administrativa, el Gobierno confirmó la reanudación de los plazos para la firma. Ahora, la pelota queda en el campo de PETSA, que tiene la posibilidad de judicializar el conflicto mediante una Acción Procesal Administrativa si decide insistir en su postura frente a las exigencias del Estado provincial.