Las primeras definiciones públicas de la rectora electa de la Universidad Nacional de Cuyo, Adriana García, ya comenzaron a generar debate. Su postura de no descontar los días de paro a los docentes universitarios reavivó una discusión que parecía haber quedado atrás: ¿la universidad mendocina volverá a convivir con huelgas prolongadas sin consecuencias económicas para quienes adhieran?

En medio del conflicto salarial y presupuestario que atraviesa el sistema universitario nacional, García tomó distancia de una de las decisiones más controvertidas de la actual gestión de Esther Sánchez: el descuento de los días no trabajados durante las medidas de fuerza.

Consultada sobre ese punto, durante una entrevista con el programa Opinión, de LVDiez, la futura rectora fue categórica. Consideró que el contexto actual es excepcional y sostuvo que no aplicaría descuentos salariales a los docentes que participen de los paros, argumentando que el incremento de las protestas responde a la falta de instancias de negociación entre los gremios y el Gobierno nacional.

La definición no pasó inadvertida. Para algunos sectores representa un reconocimiento del derecho a la protesta frente a una crisis presupuestaria que afecta a las universidades públicas. Para otros, en cambio, abre la puerta a un escenario donde las medidas de fuerza podrían multiplicarse sin que existan incentivos para limitar su duración.

El debate no es menor. Durante los gobiernos kirchneristas, las universidades nacionales atravesaron numerosos conflictos gremiales con paros que, en muchos casos, se extendieron durante semanas y provocaron interrupciones reiteradas del calendario académico. Aquellas protestas formaban parte de una dinámica habitual en el sistema universitario, especialmente en los períodos de discusión salarial.

En la UNCuyo, la gestión de Esther Sánchez marcó una diferencia al resolver descontar los días no trabajados, una decisión que generó fuertes cuestionamientos por parte de los sindicatos docentes, pero que también fue respaldada por quienes sostenían que el cumplimiento del calendario académico debía preservarse.

Ahora, con Adriana García al frente de la universidad desde la próxima gestión, el escenario vuelve a cambiar. Su postura anticipa una relación distinta con los gremios y reabre una discusión de fondo: cómo compatibilizar el legítimo derecho a la protesta con la necesidad de garantizar la continuidad de las clases para miles de estudiantes.

La incógnita, por ahora, permanece abierta. ¿Se trata únicamente de una respuesta excepcional frente a la actual crisis salarial o del inicio de una política que volverá a eliminar las consecuencias económicas de los paros docentes? La respuesta comenzará a conocerse cuando la nueva conducción universitaria deba enfrentar su primer conflicto gremial.