Un proyecto impulsado por el bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura provincial busca poner fin al cobro de tasas por la reactivación o desarchivo de expedientes que ya funcionan bajo modalidad digital. La iniciativa, encabezada por el diputado sanrafaelino Nicolás De Pedro Buttini, propone modificar el Código Fiscal para eximir de cargos a cualquier actuación administrativa que se resuelva íntegramente a través de sistemas de gestión documental electrónica.

El fundamento principal de la propuesta radica en la obsolescencia de estos aranceles, que fueron creados en la era del papel. Antiguamente, desarchivar un expediente implicaba un despliegue logístico real: localizar la documentación física en depósitos, movilizar personal y reinsertar el legajo en el circuito administrativo. Hoy, con la digitalización, el proceso se reduce a unos pocos clics, convirtiendo el cobro en un costo innecesario para el ciudadano.

Actualmente, la Ley Impositiva 2026 mantiene valores dispares según el organismo interviniente. Mientras que en la ATM el desarchivo cuesta $5.540, en la Dirección de Personas Jurídicas el trámite puede trepar hasta los $55.000. Otros sectores, como el judicial o Catastro, también aplican cargos que oscilan entre los $7.400 y los $25.000, aunque en este último caso la exención no aplicaría a planos o documentos que aún requieran una conversión desde el soporte físico al digital.

Desde el sector proponente sostienen que la modernización del Estado debe reflejarse en el bolsillo del contribuyente. La medida no solo busca aliviar la carga administrativa, sino también sentar un precedente de eficiencia. En este sentido, el proyecto incluye una invitación formal a los municipios mendocinos para que adopten criterios similares y eliminen estas tasas en sus propias jurisdicciones, alineando la gestión local con la digitalización provincial.

De aprobarse, esta reforma representaría un paso clave en la desregulación administrativa de Mendoza, eliminando costos que han sobrevivido injustificadamente a la transformación tecnológica. La iniciativa ahora deberá ser debatida en comisiones, donde se analizará el impacto fiscal de la medida frente a la necesidad de simplificar los procesos burocráticos para los mendocinos.

Fuente: MendozaPost