El gobierno de Estados Unidos se prepara para ejecutar una medida sin precedentes en su política migratoria: la revocación de hasta 200.000 visas de turismo (B2) y negocios (B1). La decisión, que se implementará de forma gradual en las próximas semanas, apunta específicamente a aquellos extranjeros que ingresaron al país bajo la premisa de una estadía temporal pero que, una vez en territorio estadounidense, presentaron solicitudes de asilo para intentar radicarse de manera permanente.

Esta ofensiva se enmarca en la línea dura que sostiene la administración de Donald Trump desde el inicio de su segundo mandato. El objetivo central es cerrar lo que el subsecretario de Estado, Christopher Landau, calificó como una "laguna legal", argumentando que el sistema de asilo no debe ser utilizado como una vía de escape para eludir las normativas migratorias vigentes. En el pasado reciente, el Departamento de Estado ya había dado señales de este endurecimiento al revocar cerca de 175.000 visas a personas con antecedentes penales o posturas críticas hacia la política exterior estadounidense.

Aunque el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aún no han oficializado el cronograma, se estima que la medida impactará a titulares de visas emitidas entre 2016 y 2026. Si bien las autoridades aclararon que la revocación no implica necesariamente una deportación inmediata, los afectados perderán su estatus de visitantes legales. Paralelamente, la Casa Blanca busca imponer una tasa de más de 100.000 dólares a empresas que contraten trabajadores bajo el programa H-1B, intentando sortear bloqueos judiciales previos mediante nuevas vías regulatorias.

El panorama para los viajeros internacionales se vuelve cada vez más restrictivo. Además de esta medida, el gobierno estadounidense ha intensificado los controles sobre las redes sociales de los solicitantes, ha endurecido las fianzas para ciertos trámites y mantiene una postura inflexible contra el denominado "turismo de parto". Estas acciones reflejan la intención de la Casa Blanca de transformar el sistema de ingresos legales, priorizando la fiscalización y elevando los costos operativos para quienes buscan residir o trabajar en el país.

En conclusión, la medida representa un cambio de paradigma en la gestión de visas de no inmigrante. Mientras el gobierno sostiene que estas acciones son necesarias para proteger la integridad del sistema migratorio, diversos sectores advierten sobre las consecuencias económicas y diplomáticas de una política que, en la práctica, busca desincentivar el uso de visados temporales como puente hacia la residencia permanente.

Fuente: Ámbito