El Gobierno nacional oficializó que iniciará acciones legales contra cinco compañías petroleras que realizan tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en la cuenca norte de las Islas Malvinas, sin contar con la autorización argentina. La presentación judicial, que busca frenar el avance de estas empresas sobre recursos naturales nacionales, será encabezada por el canciller Pablo Quirno y contará con el respaldo legal del Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

Esta medida se enmarca en la postura histórica de Argentina respecto a la soberanía del archipiélago y se sustenta en la Ley 26.659, que regula las actividades de hidrocarburos en la plataforma continental. El Ejecutivo argumenta que las operaciones de estas firmas son ilegítimas, ya que cuentan con licencias otorgadas de manera unilateral por el Reino Unido, ignorando la jurisdicción soberana de nuestro país sobre las islas y sus espacios marítimos circundantes.

Las empresas apuntadas en la denuncia son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. La acción legal no solo recae sobre las sociedades, sino que se extiende a sus directivos, gerentes y representantes legales que hayan participado en la toma de decisiones para operar en la zona. Según informó la Oficina del Presidente, el objetivo es proteger los intereses nacionales y sentar un precedente firme contra quienes vulneren los derechos soberanos.

En sintonía con este endurecimiento de la política exterior, el presidente Javier Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el Presupuesto Nacional 2027 priorice la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. Este proyecto estratégico, junto con el envío al Congreso de una nueva Ley de Defensa de la Soberanía, busca fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y blindar el territorio frente a futuras incursiones extractivas no autorizadas.

Con esta ofensiva judicial y el refuerzo presupuestario, la administración libertaria reafirma su intención de pasar de la retórica a la acción concreta. El Gobierno adelantó que mantendrá una vigilancia estricta y continuará investigando cualquier actividad que atente contra la integridad territorial, mientras se prepara para presentar el proyecto de ley ante el Congreso este próximo 15 de septiembre.

Fuente: NA