Un hombre de San Rafael fue condenado este lunes a tres años de prisión en suspenso luego de reconocer, en el marco de un juicio abreviado, los hechos vinculados con la tenencia y distribución de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.

La sentencia fue dictada por el juez de Garantías Gabriel Ravagnani, luego del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, a cargo de Javier Giaroli, y la defensa del acusado, Matías Daniel Bandiera Mical, quien admitió su responsabilidad por los hechos que se le atribuían.

La investigación se inició a partir de reportes generados por Google LLC. En marzo de 2024, la compañía detectó desde una cuenta vinculada al acusado el almacenamiento en Google Drive de varios videos que contenían material de abuso sexual infantil. Ante esta situación, Google realizó la correspondiente denuncia ante The National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), cuyos reportes fueron derivados a la Justicia y dieron origen a la investigación fiscal.

Con los elementos reunidos, el 1 de agosto de 2024 se llevó adelante un allanamiento en el domicilio del acusado, en San Rafael. Durante el procedimiento se secuestró un teléfono celular que posteriormente fue sometido a pericias por parte del Laboratorio Forense de la Unidad de Apoyo para la Investigación Fiscal (UDAPIF).

El análisis del dispositivo permitió encontrar archivos con material de abuso sexual infantil y también evidencias relacionadas con el uso de Telegram. Según la investigación, el acusado habría utilizado esa plataforma para interactuar con grupos y bots destinados a obtener y compartir archivos de contenido sexual que involucraban a menores de edad.

Las pericias también permitieron establecer la existencia de material correspondiente a niños, niñas y adolescentes, incluidos menores de 13 años, además de conversaciones y actividades vinculadas con el intercambio de este tipo de archivos.

A partir de las pruebas reunidas, Bandiera Mical fue imputado por delitos relacionados con la distribución y tenencia de material de abuso y/o explotación sexual de menores de edad.

Finalmente, durante el juicio abreviado, el acusado reconoció los hechos y fue condenado a tres años de prisión en suspenso. Al tratarse de una pena de ejecución condicional, deberá cumplir una serie de estrictas reglas de conducta para permanecer en libertad.

Entre las condiciones establecidas por el juez se encuentra la prohibición de utilizar Telegram bajo cualquier circunstancia, así como la obligación de utilizar únicamente líneas de telefonía celular registradas a su nombre y con datos personales verídicos.

También deberá utilizar sus redes sociales con una identidad real, sin nombres, datos o edades falsas, y mantener información que permita identificarlo como titular de las cuentas.

Además, se le impuso la prohibición de contactarse a través de redes sociales o servicios de mensajería con menores de edad que no conozca personalmente.

La condena pone punto final al proceso iniciado a partir de los reportes internacionales que alertaron sobre la actividad digital investigada y que posteriormente permitió a la Justicia local avanzar con el allanamiento, el secuestro del dispositivo y las pericias que finalmente fueron incorporadas como prueba en la causa.