La Justicia Federal ha puesto la lupa sobre la Armada Argentina tras una grave denuncia por irregularidades en la liquidación de haberes, que habrían derivado en un perjuicio al Estado superior a los 980 millones de pesos. La presentación judicial fue realizada por la propia fuerza tras detectar maniobras sospechosas en los sistemas de acreditación bancaria que beneficiaron de manera ilícita a 23 personas.

El origen de la investigación se remonta a febrero pasado, cuando se detectaron inconsistencias en el Departamento Revista. Tras ese hallazgo inicial, las autoridades profundizaron los controles sobre los períodos comprendidos entre julio de 2022 y enero de 2026, descubriendo que el sistema de haberes había sido vulnerado para realizar 645 acreditaciones indebidas, muchas de las cuales no tenían respaldo documental ni justificación laboral.

Según la denuncia presentada por el Jefe de Administración Financiera, Carlos Alberto Castro Maggio, el fraude alcanzó la suma exacta de 981.148.567,88 pesos. El modus operandi consistía en alterar los archivos destinados al Banco Nación para inflar los montos a depositar y, posteriormente, restituir los registros a sus valores originales para evitar que las modificaciones fueran visibles en los recibos de sueldo oficiales.

Entre los 23 implicados figuran militares en actividad y retiro, personal civil y cuatro individuos sin vínculo alguno con la institución. Entre ellos destaca el caso de María del Carmen Prieto, esposa del entonces jefe del Departamento Revista, quien recibió más de 152 millones de pesos. La justicia ahora busca determinar cómo se permitió esta manipulación del sistema y quiénes fueron los responsables directos de la alteración de los datos.

Desde el Ministerio de Defensa, bajo la gestión de Carlos Presti, ratificaron que la causa tramita en el Juzgado Federal N° 2 y aseguraron que existe "tolerancia cero" frente a estos hechos. La cartera enfatizó que se han iniciado las actuaciones administrativas correspondientes para deslindar responsabilidades y garantizar que los recursos públicos sean administrados con total transparencia.

Fuente: TN