El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo al Congreso generó una fuerte controversia en el ámbito de la discapacidad. La iniciativa oficial incluye modificaciones sustanciales en el régimen de pensiones y en el sistema de prestaciones, además de proponer la derogación de artículos clave de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, lo que ha despertado el rechazo inmediato de organizaciones y prestadores que advierten sobre un posible retroceso en derechos adquiridos.

El conflicto se remonta a la gestión económica del sector durante los últimos años. Tras un 2024 donde el nomenclador de prestaciones quedó 18 puntos por debajo de la inflación acumulada, el 2025 marcó un escenario de congelamiento total de las partidas, profundizando el deterioro de los ingresos de los prestadores. Este antecedente de desactualización es el telón de fondo sobre el cual ahora se discuten las nuevas reformas estructurales que propone la Casa Rosada.

En el centro de la polémica se encuentra la modificación del artículo 7 bis de la Ley 24.901, que garantiza un arancel único y un piso prestacional uniforme para todas las obras sociales y prepagas. De aprobarse el proyecto, las entidades quedarían habilitadas para definir sus propios esquemas de cobertura y valores, eliminando el criterio de equidad vigente. Asimismo, el texto propone sustituir el actual régimen de pensiones por uno de invalidez laboral, modificando los criterios de acceso y las condiciones de cobertura médica asociada.

La situación política añade una capa extra de tensión, ya que el debate presupuestario ocurre en paralelo a la discusión en Diputados sobre la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta finales de 2027. Mientras las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda iniciaron el tratamiento de esta extensión, la propuesta del Ejecutivo parece ir en sentido contrario, buscando desarticular mecanismos de protección que el Congreso intenta resguardar.

El futuro de estas medidas dependerá de la capacidad de negociación en el recinto legislativo, donde la oposición y diversos sectores sociales ya han manifestado su intención de frenar cualquier avance que implique una desprotección para las personas con discapacidad. La discusión promete ser uno de los ejes más calientes de la agenda parlamentaria en las próximas semanas, poniendo a prueba la voluntad del Gobierno de avanzar con su plan de ajuste frente a un sector altamente vulnerable.

Fuente: Diario Popular