El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, el cual incluye una medida que promete generar fuertes cruces en el recinto: la eliminación de los aumentos automáticos para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares. A través del artículo 17 de la iniciativa, el Ejecutivo propone derogar la Ley 27.160, dejando sin efecto el esquema de movilidad vigente que garantiza que los montos se ajusten periódicamente según la inflación.

No es la primera vez que la administración libertaria intenta avanzar en este sentido. Ya en el Presupuesto 2026 se había planteado una modificación de características similares, pero la falta de consenso en el Congreso impidió que el cambio prosperara, manteniendo así la vigencia de la actualización automática que protege el poder adquisitivo de los beneficiarios frente al avance de los precios.

Actualmente, la AUH, la Asignación por Embarazo y el resto de las prestaciones familiares se actualizan mensualmente siguiendo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, un esquema consolidado tras la reforma previsional de 2024. El proyecto oficial no solo busca eliminar esta obligación legal, sino que tampoco propone una fórmula alternativa ni establece una frecuencia mínima para futuros incrementos, dejando el cálculo de los montos a discreción del Poder Ejecutivo.

Desde una perspectiva técnica, la aprobación de esta medida no implicaría la desaparición de la AUH, pero sí un cambio fundamental en su naturaleza: el Gobierno conservaría la facultad de fijar los montos de manera arbitraria, eliminando la garantía de que los ajustes sigan el ritmo de la inflación. Esto traslada la responsabilidad de la actualización a la voluntad política del momento, quitándole previsibilidad a millones de familias que dependen de estos ingresos.

El debate legislativo será clave para definir el futuro de estas prestaciones. Si el artículo 17 se aprueba tal como fue redactado, el sistema de movilidad que rige desde 2016 quedará desmantelado. Por ahora, la propuesta permanece bajo análisis en el Congreso, donde la oposición ya se prepara para cuestionar la falta de un mecanismo claro que reemplace la actual fórmula de actualización.

Fuente: Diario Popular