El Gobierno nacional oficializó este viernes, a través del Decreto 1358/2026, el llamado a licitación para concesionar otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales. La medida, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía Luis Caputo, busca que el mantenimiento y la operatividad de estos corredores viales queden en manos privadas, financiándose exclusivamente mediante el cobro de peajes y eliminando la inversión estatal directa en obra pública.

Esta decisión se enmarca en la continuidad de la Red Federal de Concesiones (RFC), un proyecto iniciado en 2025 que ya había derivado en la entrega de otros 9.000 kilómetros a empresas privadas. Con estas etapas previas, el Estado ya ha delegado la gestión de las vías por las que circula el 80% del tránsito del país, consolidando un modelo de gestión donde el privado asume el riesgo y la inversión a cambio de la explotación comercial de la traza.

El plan abarca tramos estratégicos de rutas clave para la conectividad del país. Entre los corredores afectados se encuentran la Ruta 3 (Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz), la Ruta 9 (Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy), la Ruta 11 (Santa Fe, Chaco y Formosa), además de sectores de las rutas 12 y 14 en el Litoral. Según lo estipulado, las licitaciones públicas, de carácter nacional e internacional, deberán concretarse en un plazo no mayor a los doce meses tras la entrada en vigencia del decreto.

Desde Vialidad Nacional, el organismo que oficiará como autoridad de control, sostienen que este esquema es la única vía para garantizar la conservación y ampliación de la infraestructura sin depender del presupuesto público. No obstante, el proceso contempla una instancia de participación ciudadana: antes de la adjudicación, se realizarán audiencias públicas para que gobiernos locales, usuarios y cámaras del sector puedan presentar sus observaciones y aportes sobre los pliegos.

El Gobierno busca cerrar este ciclo de concesiones bajo la premisa de eficiencia y autosustentabilidad, supervisando que las empresas cumplan con los niveles de servicio exigidos. Con este nuevo paquete, la administración Milei termina de configurar un mapa vial donde el Estado se desprende del mantenimiento operativo, trasladando el costo de las obras directamente a los usuarios a través de las tarifas de peaje.