El empresario Lázaro Báez vuelve a estar en el centro de la escena judicial tras ser imputado como el líder de una red de lavado de activos que operaba directamente desde su lugar de detención en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. La acusación sostiene que el contratista santacruceño, quien ya cumple una condena de 15 años, coordinaba maniobras financieras ilícitas mediante comunicaciones telefónicas, burlando las restricciones de su encierro.

Este nuevo frente judicial tiene sus raíces en una investigación que se tramita en Santa Cruz, donde la Unidad Fiscal de Río Gallegos y la PROCELAC presentaron cargos contra 16 personas. Los expedientes, que se encuentran interconectados, no solo apuntan al lavado de dinero, sino que también rozan una causa paralela por narcotráfico en la región, lo que añade una capa de complejidad a la estructura criminal investigada.

Según el Ministerio Público Fiscal, la organización logró mover cerca de 390 millones de pesos a través de un sistema de transferencias fraccionadas entre cuentas de allegados y billeteras virtuales, buscando reinsertar el dinero en el circuito legal. Ante esto, el juez federal Claudio Marcelo Vázquez convalidó doce prisiones preventivas, ordenó embargos sobre vehículos y dispuso el levantamiento del secreto financiero para profundizar en el rastro del dinero.

Para la Justicia, el caso es de alta sensibilidad, ya que se sospecha que Báez mantenía el control de sus negocios ilícitos a pesar de estar tras las rejas. El magistrado otorgó un plazo de dos años para completar la instrucción, tiempo en el cual se analizarán las intervenciones telefónicas y la documentación secuestrada que, según los investigadores, comprometen seriamente al entorno del empresario.

Mientras la defensa prepara sus estrategias para intentar revertir la situación, el caso promete seguir generando repercusiones en el ámbito judicial patagónico. Por ahora, los acusados mantienen silencio, mientras la fiscalía busca desarticular por completo esta red que, según se sospecha, operaba con total impunidad desde el corazón del sistema penitenciario federal.