La Cámara de Diputados de Mendoza dio sanción final este miércoles a la reforma de la Ley 7.874 de Arbolado Público, una iniciativa que promete cambiar de raíz la gestión del patrimonio forestal en toda la provincia.

El proyecto introduce un giro clave: una fuerte descentralización operativa y técnica que otorga a los municipios un nivel de autonomía inédito. Pero no todo es libertad. Esa nueva potestad estará condicionada por los lineamientos ambientales que fije la Subsecretaría de Ambiente, que seguirá marcando la cancha en materia de políticas generales.

En los papeles, la reforma busca agilizar decisiones, reducir burocracia y acercar la gestión a la realidad de cada territorio. En la práctica, también implica algo más incómodo: el fin de las excusas.

A partir de ahora, los municipios ya no podrán mirar para otro lado frente al deterioro del arbolado urbano. La falta de mantenimiento, las podas deficientes o directamente la ausencia de planificación dejarán de ser responsabilidad difusa para tener nombres y apellidos.

Uno de los ejes de la reforma apunta a dejar atrás prácticas históricas poco sostenibles. El nuevo enfoque obliga a pensar el arbolado urbano como una política de largo plazo, en un contexto marcado por el cambio climático y la escasez hídrica.

En ese marco, se impulsa la diversificación de especies (policultivo) para evitar pérdidas masivas por plagas, la selección de árboles más eficientes en el uso del agua, la reducción de podas intensivas, apostando a un mantenimiento más sustentable. El objetivo es claro: menos gasto reactivo y más planificación estratégica.