El Gobierno nacional confirmó que Manuel Adorni continuará contando con custodia oficial a pesar de haber dejado su cargo como vocero presidencial. La medida, que suele ser un privilegio reservado para altos funcionarios, fue ratificada esta mañana por su sucesor, Adrián Ravier, quien argumentó que la decisión responde estrictamente a "cuestiones de seguridad".

El tema cobró relevancia tras la renuncia del exfuncionario, quien en su carta de dimisión hizo referencia explícita a una serie de amenazas recibidas en el último tiempo. Estos episodios de hostigamiento se habrían intensificado en el marco de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, un proceso que sigue su curso en los tribunales federales.

Durante su segunda conferencia de prensa en la Casa Rosada, Ravier fue consultado sobre la continuidad de los beneficios de seguridad y también desmintió la existencia de una auditoría interna en la Jefatura de Gabinete. Según trascendió, el Ejecutivo no tiene previsto avanzar con investigaciones paralelas sobre posibles compras irregulares realizadas por empleados del área, dejando esa tarea exclusivamente en manos de la Justicia.

Desde el entorno oficial mantienen una postura de prudencia, asegurando que el caso debe resolverse en el ámbito judicial sin injerencias políticas. "No tenemos un mecanismo aparte de la Justicia que interrogará y evaluará", sentenció el actual vocero, dejando claro que el Gobierno aguardará el avance de las declaraciones testimoniales y peritajes para definir los pasos a seguir.

Por el momento, la custodia de Adorni se mantendrá vigente por tiempo indeterminado, mientras la opinión pública y el arco político siguen de cerca el desarrollo de la causa judicial que salpica al exrostro comunicacional de la gestión libertaria.