El Gobierno nacional puso en marcha un ambicioso plan para modernizar el sistema registral automotor, buscando dejar atrás un modelo burocrático de más de 60 años. A través de las Resoluciones 306 y 308, el Ministerio de Justicia oficializó el "Plan Nacional de Digitalización", que apunta a eliminar el soporte físico y centralizar todos los trámites en un ecosistema digital, ágil y transparente para los ciudadanos.

Durante décadas, el sistema se caracterizó por una alta fragmentación territorial, una dependencia excesiva del papel y una estructura ineficiente que obligaba a los usuarios a realizar trámites presenciales complejos. Con más de 60 variantes procedimentales, el esquema actual se volvió obsoleto frente a las necesidades de agilidad que demanda la sociedad actual, motivo por el cual se decidió una reestructuración profunda de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

La reforma se apoya en tres pilares: el Legajo Único Digital Automotor (LUDA), que digitalizará el archivo físico para eliminar costos de guarda; el Certificado Digital Automotor (CDA), con firma electrónica; y la posibilidad de realizar gestiones "de extremo a extremo" de forma 100% remota. Además, se implementará un nuevo sistema de aranceles basado en la unidad UVA, que se ajustará cuatrimestralmente, simplificando la maraña de costos actuales. Como parte de la reorganización, se prevé el cierre de unos 200 registros seccionales que actualmente se encuentran intervenidos.

En el corto plazo, el impacto se sentirá tanto en la eficiencia operativa como en el bolsillo del usuario. El Ejecutivo busca transformar a la DNRPA en un ente de gobierno digital, enfocado en la auditoría tecnológica más que en la administración de edificios. Se espera que, con la automatización de procesos, no solo se reduzcan los tiempos de espera, sino que también se implementen incentivos económicos para los encargados de registros que logren resolver trámites en el mismo día.

La cartera que conduce Juan Bautista Mahiques tiene ahora 30 días corridos para presentar el cronograma definitivo de implementación. Con esta medida, el Gobierno apuesta a una transición gradual pero firme hacia un sistema donde la identidad digital y la interoperabilidad sean la norma, buscando terminar definitivamente con el modelo de trámites presenciales que tanto tiempo le ha quitado a los argentinos.